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Agentes y supervisión

IA agéntica en Francia: tres procesos y quién autoriza las herramientas

La autoridad francesa de protección de datos, homóloga de nuestra AEPD, puso por escrito en julio qué le inquieta de la IA agéntica: que los datos personales circulen entre muchos servicios y que se pierda el control sobre ellos. Ocho días después apareció una nueva versión del protocolo con el que estos sistemas manejan sus herramientas. Este artículo muestra, con tres procesos, cómo se juntan permisos por herramienta, aprobación y registro, y señala el límite en el que nuestra operación gestionada queda fuera para las administraciones francesas.

Agentes y supervisión Tiempo de lectura: 12 minutos

En resumen

  • El 20 de julio de 2026, la CNIL, la autoridad francesa de protección de datos, y el Conseil de l’IA et du Numérique publicaron una nota exploratoria sobre IA agéntica. En España esa nota no tiene efecto jurídico alguno, pero los riesgos que describe son los mismos: al presentar la nota, la CNIL resume el diagnóstico en dos fórmulas, la circulación de datos personales entre numerosos servicios y un riesgo real de perder el control sobre los propios datos.1
  • Ocho días después, el 28 de julio de 2026, apareció la nueva especificación del Model Context Protocol. Deja el transporte sin estado y ordena el sistema de extensiones; la autorización gestionada para empresas figura ahí como extensión propia.2
  • Según la valoración de sus propios delegados de protección de datos, solo el 6 % de las organizaciones está muy bien preparado para el reglamento de IA, sobre 2.390 delegados encuestados.3
  • El límite, dicho abiertamente: el catálogo de requisitos francés para los datos especialmente sensibles del Estado solo admite como prueba una cualificación de la ANSSI o una certificación expedida en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo y reconocida como equivalente por la agencia. Suiza no es ni lo uno ni lo otro.4

El punto de partida: dos documentos del mismo julio

El 20 de julio de 2026, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, la CNIL, que en Francia desempeña el papel que en España corresponde a la AEPD, y el Conseil de l’IA et du Numérique publicaron conjuntamente una nota sobre IA agéntica. Describe primero la arquitectura: un agente que dirige, agentes especializados a su lado y, detrás, servicios conectados, aplicaciones, bases de datos, herramientas de búsqueda. El diagnóstico, tal como lo resume la CNIL al presentar la nota, cabe en dos fórmulas. La IA agéntica pone datos personales en circulación entre numerosos servicios y, para quienes la usan, de ahí surge un riesgo real de perder el control sobre sus propios datos.1 A eso se añade un segundo punto que pesa más en la operación de lo que parece: como en un proceso automatizado intervienen varios actores, resulta más difícil reconocer quién responde de cada paso.

Ocho días después, el 28 de julio de 2026, apareció la nueva versión del Model Context Protocol, MCP para abreviar. MCP es un estándar abierto sobre cómo un sistema de IA maneja herramientas externas, es decir, una interfaz: una forma fijada en la que dos programas se hablan. La versión del 28 de julio de 2026 deja el transporte sin estado. Desaparecen el saludo inicial y el identificador de sesión, y cada solicitud lleva consigo su versión de protocolo, su procedencia y sus capacidades. A eso se suman una autorización reforzada, con reglas más estrictas para el registro de aplicaciones y para la comprobación de las credenciales, y un sistema ordenado de extensiones; la autorización gestionada para empresas figura ahí como extensión propia.2

Los dos documentos no son una respuesta el uno al otro, y tampoco los presentamos así. Describen el mismo problema desde dos lados. Un lado pregunta quién conserva el control sobre los datos en un sistema que actúa y quién responde de cada paso. El otro fija cómo se acredita, se autoriza y se transmite una llamada concreta a una herramienta. Quien quiera responder a la primera pregunta en la práctica acaba inevitablemente en la segunda, porque el control sobre un sistema que actúa es, al final, control sobre sus herramientas.

Cuánto se ha extendido ya la IA agéntica en Francia no se puede cuantificar con precisión, y el motivo está en la propia estadística oficial. Según Insee Première número 2120, del 21 de julio de 2026, el 18 % de las empresas francesas de diez o más empleados utilizó en 2025 al menos una técnica de inteligencia artificial, con una encuesta a unas 11.000 empresas de una población de unas 194.000. En el apartado metodológico está la frase que importa: las respuestas por lo general no incluyen el uso que los empleados hacen de forma puntual y por su cuenta.5 Las encuestas que preguntan directamente a los empleados llegan por eso a valores muy distintos. El Baromètre Phygital Workplace, realizado por Ifop por encargo de una consultora entre 1.003 empleados de empresas de 1.000 o más trabajadores, indica un 62 % de uso frente a un 34 % con reglas formalizadas.6 Son dos preguntas a dos poblaciones distintas, y ninguna de las dos cifras refuta a la otra. Quien saque de ahí un único porcentaje vende una precisión que no existe. Lo que queda es el patrón: se usa más de lo que está regulado. La misma encuesta del Insee señala, entre las empresas que ya emplean IA, un 43 % con preocupación por la protección de datos y la privacidad y un 42 % por la falta de claridad jurídica.5

  1. Un encargo, planteado por una persona con un rol y unos permisos
  2. Un plan de pasos concretos, cada paso una llamada a una herramienta
  3. Cada llamada comprueba los permisos, los accesos de escritura necesitan una aprobación aparte
  4. El resultado, la referencia de la fuente y la entrada del registro se quedan con usted
El camino de un encargo. Lo que no está autorizado no se llama, y lo que se llama consta en el registro.

A quién afecta y qué desencadena la necesidad en cada caso

El grupo más estrecho es el que más a menudo se ensancha demasiado. El decreto de desarrollo del artículo 31 de la Loi SREN, de 14 de abril de 2026, nombra a las administraciones del Estado, a sus operadores y a seis groupements d’intérêt public citados por su nombre. El decreto no menciona a las entidades territoriales; por tanto no quedan sujetas a esta obligación. Tampoco todo organismo público entra de forma automática.7 Materialmente, la obligación solo alcanza además a datos cuya vulneración pudiera afectar al orden público, a la seguridad pública, a la salud o la vida de las personas o a la protección de la propiedad intelectual. Quien hoy lee que toda Francia debe alojar de forma soberana está leyendo algo que ahí no pone.

En el lado de la protección de datos la presión es de otro tipo, pero medible. Para el año 2025 la CNIL publicó un balance de 83 sanciones por un importe total de 486.839.500 euros, de las cuales 78 fueron multas.8 Esos procedimientos no se referían a IA agéntica, pero describen la supervisión bajo la que trabajan los responsables del tratamiento. Quien permite a un sistema actuar en varias aplicaciones de gestión no traslada responsabilidad, la amplía.

Las personas que deben sostener esto en el día a día dicen ellas mismas que aún no están ahí. En la encuesta del Observatoire des DPO, realizada del 5 al 21 de noviembre de 2025 entre 2.390 delegados de protección de datos, el 6 % de las organizaciones figura como muy bien preparado para el reglamento de IA. El 27 % de los encuestados afirma conocer bien el texto del reglamento y el 85 % no ha asistido todavía a ninguna formación propia sobre inteligencia artificial.3 Que las obligaciones para los sistemas de alto riesgo se apliquen, según el Reglamento (UE) 2026/1744, solo a partir del 2 de diciembre de 2027 y, para los sistemas integrados, a partir del 2 de agosto de 2028 da aire, pero no ahorra el trabajo. Esta encuesta la sostienen la DGEFP, la administración francesa de empleo, y la CNIL, en asociación con la asociación profesional de delegados de protección de datos y con la Afpa, que la realizó, así que no es un estudio de proveedor, sino una autodeclaración del colectivo.

Quién pregunta Qué desencadena la necesidad Qué aporta ahí Kisuno
Administraciones del Estado y sus operadores El artículo 31 de la Loi SREN exige para los datos especialmente sensibles la prueba mediante una cualificación de la ANSSI o una certificación expedida en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo y reconocida como equivalente por la agencia Aquí solo queda el autoalojamiento: la obligación va ligada a contratar un servicio en la nube de un proveedor privado. La base LibreChat está bajo licencia MIT, el repositorio con nuestras extensiones llegará en breve; la operación gestionada en Suiza queda descartada
Entidades territoriales, hospitales y organismos públicos fuera del decreto No están sujetos a la obligación, pero en las licitaciones la soberanía aparece como criterio de adjudicación, a menudo junto a requisitos de registro y de gestión de permisos Operación gestionada en Lupfig o autoalojamiento, en ambos casos con permisos por herramienta y registro de auditoría exportable
Delegados de protección de datos y cumplimiento normativo en las empresas El reglamento de IA, la nota de la CNIL sobre IA agéntica y un uso que la estadística oficial no recoge expresamente Se hace visible lo que pasa por la plataforma: qué usuario, qué herramienta, qué aprobación, en qué momento, ejecutado o rechazado
Bancos, aseguradoras y actores del sector sanitario Supervisión de las externalizaciones, requisitos sobre la conservación de datos de salud y, además, el artículo 22 del RGPD en decisiones automatizadas Los accesos de escritura se autorizan aparte, para que el paso humano no solo se afirme, sino que quede acreditado
Despacho, gestoría y departamento de personal Secreto profesional y datos del personal, y la pregunta de qué documento puede tocar siquiera un sistema que actúa Permisos en el orden usuario, rol, grupo, valor predeterminado del servidor, junto a bases de conocimiento con documentación propia e indicación de la referencia de la fuente

Cinco grupos, cinco desencadenantes distintos y, detrás, una pregunta común: ¿quién decide qué herramienta puede llamar un agente y en qué se puede mostrar después? La respuesta varía según el grupo, y para uno de ellos va en nuestra contra. Eso está más abajo, en el apartado de límites, y está ahí con detalle.

Caso práctico 1: el expediente que recorre varias aplicaciones de gestión

Entra una consulta y la respuesta se reparte entre tres programas: el contrato en el gestor documental, el estado del envío en el sistema de almacén, el último intercambio de correspondencia en el buzón. Hoy una persona va haciendo clic por los tres. El colega de IA puede asumir ese recorrido si los sistemas están conectados. Planifica los pasos, llama una tras otra a las herramientas autorizadas, comprueba cada resultado intermedio y al final presenta un borrador para su aprobación. La cuestión no es que pueda hacerlo. La cuestión es que cada llamada concreta puede fallar antes por un permiso y después consta en el registro.

La conexión se hace mediante MCP. Un conector es la conexión concreta con un programa determinado; una instancia, la instalación autónoma que funciona para su organización. Lo que el colega de IA no puede ver allí, tampoco lo ve: rige el orden usuario, rol, grupo, valor predeterminado del servidor. Una herramienta que no está autorizada para un rol ni siquiera aparece en la planificación, así que no se rechaza, sencillamente no existe. Qué software se puede conectar hoy figura en la página Integraciones.

  1. La consulta, tal como entra
  2. Un plan de pasos, cada paso una herramienta autorizada
  3. Borrador para aprobar y una entrada por llamada en el registro
Tres programas, un expediente. Lo que no está autorizado no aparece en el plan.

El límite de este proceso: un permiso por herramienta no es un permiso por registro de datos. Si un conector permite la búsqueda en todo el gestor documental, la permite en todo el gestor documental, aunque el expediente solo necesite un contrato. Hasta qué punto se puede acotar depende del sistema conectado y no de nosotros. Compruébelo conector a conector antes de autorizarlo de forma amplia, y empiece por el alcance más pequeño que sostenga la tarea.

Caso práctico 2: el acceso de escritura que debe permitirse aparte

Leer es una mitad. La otra empieza cuando un sistema debe modificar un registro, enviar un mensaje o borrar una entrada. Justo ahí separa la plataforma: las herramientas de lectura y las de escritura no son el mismo permiso. Un acceso de escritura se autoriza aparte, y donde eso no ha ocurrido el expediente termina con un borrador en lugar de con un asiento. Es poco espectacular y es la diferencia entre una propuesta y un hecho consumado.

La nota de la CNIL va en la misma dirección, sin referirse a ningún producto. Propone ordenar por riesgo las acciones posibles en cada servicio, desde la lectura hasta la modificación y el borrado y hasta el envío de datos fuera del sistema, y exigir a partir de cierto nivel una aprobación humana antes de la ejecución. Menciona además la separación de las memorias por agente, un entorno de ejecución aislado y la posibilidad de interrumpir en cualquier momento un proceso en marcha.1 Llevado a la operación significa: la pregunta no es si un agente puede actuar, sino qué acción puede cerrar por sí solo. Ese ajuste lo decide la administración, no el modelo.

  1. Herramientas de lectura, autorizadas por usuario, rol o grupo
  2. Herramientas de escritura, a autorizar aparte; si no, todo queda en un borrador
  3. Cada ejecución y cada rechazo acaban en el registro
Dos clases de herramientas, dos decisiones. La segunda la toma una persona.

El límite: una aprobación vale lo que vale la atención que hay detrás. Quien confirma veinte veces al día acaba confirmándolo todo. La supervisión humana no nace porque se abra una ventana, sino porque unos pocos pasos importantes necesitan ese paso intermedio y los demás no están autorizados en absoluto. Esa selección es trabajo, pertenece a su organización y no se compra. La plataforma no produce supervisión humana, la hace acreditable.

Caso práctico 3: reconstruir qué hizo realmente un agente

Cuatro semanas después alguien pregunta: la auditoría interna, un cliente, una autoridad de control o la propia persona afectada. La pregunta suena parecida cada vez. ¿Qué datos se utilizaron para eso, qué herramienta se llamó, quién la autorizó y en qué orden? Sin registro, la respuesta es una reconstrucción a partir de recuerdos y capturas de pantalla. Con registro es una consulta.

En Kisuno cada llamada a una herramienta consta en el registro de auditoría, es decir, en el registro continuo de las operaciones, y ese registro se puede exportar. Las llamadas rechazadas figuran allí igual que las ejecutadas, que en una revisión suele ser la parte más interesante. Justo esta pieza la propone también la nota de la CNIL: hacer reconocible, para cada tarea ejecutada, qué datos personales se utilizaron, qué agentes intervinieron, a qué servicios de terceros se recurrió y en qué orden temporal.1 Cómo se traduce esto en directrices y responsabilidades lo explicamos en Gobernanza.

  1. Una entrada por llamada: usuario, herramienta, momento, resultado
  2. Las llamadas rechazadas constan en el registro igual que las ejecutadas
  3. Exportación para la auditoría, para la supervisión o para responder a una persona afectada
El registro responde a qué ocurrió. Si estuvo bien, lo responde una persona.

El límite, y es mayor de lo que parece: el registro muestra lo que ha pasado por Kisuno. Lo que alguien haga al margen en un acceso privado de cualquier proveedor no consta ahí. Una herramienta no crea un inventario de todo el uso de IA en la empresa, solo ve su propio camino. Justo en ese punto está también la laguna que deja abierta la estadística oficial. Quien necesite una imagen completa no se libra del trabajo organizativo.

Límites: dónde este camino no encaja para Francia

La frase más incómoda primero, y nos afecta a nosotros mismos. Para los datos especialmente sensibles del Estado, el artículo 31 de la Loi SREN exige una prueba, y la orden de 12 de agosto de 2026 que aprueba el catálogo de requisitos admite exactamente dos vías: una cualificación de la ANSSI o una certificación de la Unión Europea o de un Estado parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que la agencia reconozca como equivalente.4 El propio catálogo de requisitos, conocido como SecNumCloud, exige en el número 19.6, para la protección frente al derecho extraeuropeo, que el domicilio social, la administración central y el establecimiento principal del proveedor estén en un Estado miembro de la Unión.9 Suiza no es miembro de la Unión Europea ni parte contratante del Espacio Económico Europeo. Un centro de datos suizo no puede cumplir este requisito con el estado actual, por bien que esté operado. Y el requisito va más allá de la ubicación. El número 19.6, letra a, afecta a nuestro domicilio; la letra c afecta a toda sociedad tercera establecida fuera de la Unión que pudiera acceder técnicamente a los datos tratados en el servicio o a los datos técnicos.9 Quien deba aportar esta prueba tiene que examinar además la vía de los modelos: los modelos de OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude) se ejecutan en el centro de datos de AWS en Fráncfort, y AWS es una empresa estadounidense, con lo que se aplica el US CLOUD Act. Para clientes con altos requisitos de protección de datos están disponibles modelos abiertos de primer nivel como GLM, Kimi y DeepSeek, operados por empresas europeas en servidores en Europa; allí el CLOUD Act no se aplica. Eso vale igual en el autoalojamiento, si usted mantiene la vía por AWS. Para las administraciones francesas sujetas a esta obligación, nuestra operación gestionada en Lupfig no es, por tanto, el camino adecuado. Lo que queda es el autoalojamiento: la obligación va ligada a contratar un servicio en la nube de un proveedor privado. Si usted opera el software por su cuenta, esa pregunta ya no se plantea para nosotros, sino solo para los insumos que usted mismo contrate. La base LibreChat está bajo licencia MIT, el repositorio con nuestras extensiones llegará en breve, y el autoalojamiento con nosotros no cuesta nada, como puede leerse en Self-Host. Preferimos decirlo nosotros a que usted lo descubra en un procedimiento de licitación.

Para que el límite no se haga mayor de lo que es: esta obligación no rige para el sector público en su conjunto. El decreto de desarrollo de 14 de abril de 2026 nombra a las administraciones del Estado, a sus operadores y a seis groupements d’intérêt public citados por su nombre. El decreto no menciona a las entidades territoriales; por tanto no quedan sujetas a esta obligación y, entre empresas privadas, la obligación no rige en ningún caso.7 Quien suministre al Estado debería leer además las circulares: la circular número 6519/SG, de 5 de febrero de 2026, convierte la soberanía digital en el segundo objetivo prioritario de la contratación pública digital del Estado, tras la prestación funcional, y entiende por ella, entre otras cosas, la independencia frente al derecho extraeuropeo con alcance extraterritorial.10 Si eso afecta a su caso concreto y cómo, lo decide el órgano de contratación y no un artículo de blog. Este artículo no sustituye al asesoramiento jurídico.

  1. Lo que acotamos: qué herramienta se llama, por quién, en lectura o en escritura
  2. Lo que hacemos acreditable: cada llamada, cada aprobación, cada rechazo en el registro
  3. Lo que no impedimos: un servidor de herramientas malicioso e instrucciones escondidas en los contenidos
  4. Dónde quedamos fuera: ante una obligación que exige una cualificación de la UE o del EEE
Cuatro afirmaciones, dos de ellas incómodas. Preferimos enumerarlas nosotros a oírlas en la repregunta.

Una segunda frase es literalmente cierta y aun así lleva a engaño. Es correcto que ningún gran proveedor estadounidense posee esta cualificación a su propio nombre. Concluir de ahí que la tecnología estadounidense queda excluida sería falso. Desde el 17 de diciembre de 2025 está cualificada la oferta PREMI3NS de S3NS, empresa conjunta de Thales y Google Cloud que se apoya en tecnología de Google.11 La vía de una sociedad francesa que licencia la tecnología y responde ella misma de la operación está abierta y se recorre. Quien en una licitación o en una conversación comercial sostenga que la tecnología estadounidense queda así descartada, será desmentido. Vale para nosotros igual que para los demás, y es un motivo para no jugar esa carta.

A la nota de la CNIL le corresponde una limitación que dejamos expresamente en pie. Es exploratoria. No es una recomendación, ni una guía, ni un marco vinculante, y tampoco anuncia ninguno. En Francia no vincula a nadie y en España no tiene efecto jurídico alguno. Menciona el Model Context Protocol una sola vez, en una nota al pie, como ejemplo de un protocolo de intercambio extendido, y no extrae de ello ninguna conclusión, ni a favor ni en contra de un procedimiento determinado.1 Quien la cite como confirmación de una decisión de producto la fuerza más allá de lo que dice. Nosotros la leemos por lo que es: una descripción de los riesgos con la que la autoridad competente trabaja en este momento y una colección de piezas sobre las que todavía nadie ha decidido.

Por último, el límite técnico, y es el más duro. Nuestra plataforma no reconoce un servidor de herramientas malicioso. Tampoco impide la prompt injection, es decir, una instrucción escondida en un documento, un mensaje o una página web que un modelo, al leerla, confunde con un encargo. Lo que hace es más estrecho y más honesto. Acota el radio de acción, porque una herramienta no autorizada no se llama y un acceso de escritura necesita una segunda decisión, y hace el proceso verificable, porque cada llamada consta en el registro. Las referencias de las fuentes en una base de conocimiento tampoco impiden que un modelo afirme algo falso, solo lo hacen verificable. Una oferta que en este punto le prometa seguridad en lugar de acotación y prueba conviene mirarla más de cerca; qué hacemos y qué no está en Security y Trust. Y una vez más, porque en este apartado se ha hablado mucho de derecho: este artículo no sustituye al asesoramiento jurídico.

Preguntas frecuentes sobre IA agéntica, permisos por herramienta y Francia

¿Qué dice la nota de la CNIL de 20 de julio de 2026 sobre IA agéntica?

La CNIL, la autoridad francesa de protección de datos, y el Conseil de l’IA et du Numérique describen en ella cómo está construida la IA agéntica y qué riesgos surgen de ahí para los datos personales. Al presentar la nota, la CNIL resume el diagnóstico en dos fórmulas: que los datos personales circulan entre numerosos servicios y que de ello nace un riesgo real de perder el control sobre los propios datos. Como piezas posibles, la nota menciona entre otras la trazabilidad por tarea, una clasificación por riesgo de las acciones posibles y una aprobación humana antes de los pasos críticos. La nota es expresamente exploratoria y, por tanto, ni recomendación ni marco vinculante; en España no tiene efecto jurídico. Este artículo no sustituye al asesoramiento jurídico.

¿Cumple Kisuno el artículo 31 de la Loi SREN?

En la operación gestionada no, y preferimos decirlo nosotros. La prueba solo puede aportarse mediante una cualificación de la ANSSI o una certificación expedida en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo y reconocida como equivalente por la agencia, y Suiza no pertenece ni a la Unión ni al Espacio Económico Europeo. Para los organismos sujetos a esta obligación queda el autoalojamiento: la obligación va ligada a contratar un servicio en la nube de un proveedor privado. La base LibreChat está bajo licencia MIT, el repositorio con nuestras extensiones llegará en breve, y qué significa eso en la operación está en Self-Host.

¿Rige esta obligación también para las entidades territoriales y para las empresas privadas?

No. El decreto de desarrollo nombra a las administraciones del Estado, a sus operadores y a seis groupements d’intérêt public citados por su nombre. El decreto no menciona a las entidades territoriales; por tanto no quedan sujetas a esta obligación y, entre empresas privadas, la obligación no rige en ningún caso. En las licitaciones la soberanía aparece igualmente, pero entonces casi siempre como criterio de adjudicación y no como motivo de exclusión. Lo que rige en su procedimiento está en sus pliegos y no en este artículo.

¿Qué cambia en la práctica la versión de MCP de 28 de julio de 2026?

Deja el transporte sin estado: desaparecen el saludo inicial y el identificador de sesión, y cada solicitud lleva consigo sus propios datos. Para la operación significa sobre todo que los servidores de herramientas se explotan más fácilmente detrás de un balanceador de carga, porque ninguna sesión queda colgada de una instancia concreta. A eso se suman una autorización reforzada y un sistema ordenado de extensiones; la autorización gestionada para empresas figura ahí como extensión propia. Qué versión se emplea en su entorno lo aclaramos caso por caso. Los permisos por herramienta y la entrada en el registro no dependen de una versión concreta del protocolo.

¿Cómo se impide que un agente modifique o envíe algo?

Las herramientas de lectura y de escritura son permisos separados. Un acceso de escritura debe permitirse aparte; si no, el expediente termina con un borrador. Los permisos rigen en el orden usuario, rol, grupo, valor predeterminado del servidor, y una herramienta que no está autorizada no aparece en la planificación. Las llamadas ejecutadas y las rechazadas constan ambas en el registro de auditoría, que usted puede exportar.

¿Vemos así todo el uso de IA en nuestra empresa?

No, y esa expectativa tampoco sería sostenible. Se hace visible lo que pasa por Kisuno, no lo que ocurre al margen en accesos privados. No se puede cuantificar con precisión el tamaño de esa laguna: la estadística oficial no cuenta expresamente el uso individual por parte de los empleados, y las encuestas entre empleados llegan por eso a valores claramente más altos que las encuestas entre empresas. Un inventario de todos los sistemas de IA empleados no surge de ahí por sí solo, eso sigue siendo trabajo organizativo.

¿Protege esto frente a la prompt injection?

No. Prompt injection significa que en un documento, un mensaje o una página web hay escondida una instrucción que un modelo, al leerla, confunde con un encargo. Contra eso no sirve ninguna gestión de permisos, y tampoco lo afirmamos. Lo que hace la plataforma es acotar el radio de acción y hacer el proceso verificable: una herramienta no autorizada no se llama, un acceso de escritura necesita una segunda decisión y cada llamada consta en el registro. Lo mismo vale para un servidor de herramientas malicioso: reconocerlo, la plataforma no puede; acotar lo que provoca, sí.

¿Cuánto cuesta y qué cambia con el autoalojamiento?

La instancia gestionada cuesta 7 francos (7,50 euros) por persona al mes, hasta el final del mes en curso con un 50 por ciento de descuento con una duración de doce meses, es decir 3,50 francos (3,75 euros). Probar es gratuito y sin límite de tiempo: cada nuevo acceso comienza con un crédito inicial de 50 francos (55 euros) para el uso de los modelos, sin datos de pago. La operación se realiza en los centros de datos certificados según ISO 27001 de Green en Lupfig; esa certificación es la de los centros de datos y no la nuestra. Con el autoalojamiento decide usted mismo toda la cadena y no paga nada por el software: la base LibreChat está bajo licencia MIT, el repositorio con nuestras extensiones llegará en breve. Todos los datos están en la página Precios.

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Fuentes

Todas las cifras, citas y referencias jurídicas de este artículo proceden de las fuentes siguientes, comprobadas por última vez en septiembre de 2026. Las encuestas se refieren a poblaciones distintas, y en el texto hemos indicado en cada caso a cuál.

  1. CNIL y Conseil de l’IA et du Numérique, nota «IA agentique et protection des données personnelles: équation à inconnues multiples pour les utilisateurs», publicada el 20 de julio de 2026. Las expresiones citadas «la circulation de données personnelles entre de nombreux services» y «un risque réel de perte de maîtrise sur ses données personnelles» figuran en el comunicado que acompaña a la nota de la CNIL; las piezas sobre trazabilidad, clasificación por riesgo y aprobación humana están en el apartado IV de la nota, y la mención del Model Context Protocol en su nota 2: cnil.fr
  2. Model Context Protocol, especificación en la versión 2026-07-28, publicada el 28 de julio de 2026, con núcleo de protocolo sin estado, supresión de initialize y del identificador de sesión, autorización reforzada y el campo extensions en las capacidades de cliente y servidor: modelcontextprotocol.io. La autorización gestionada para empresas figura como extensión propia en el resumen de extensiones: modelcontextprotocol.io
  3. DGEFP y CNIL, en asociación con AFCDP y Afpa, Observatoire des DPO, encuesta 2025 «Les DPO à l’heure de l’IA», realizada por la Afpa, en línea del 5 al 21 de noviembre de 2025, 2.390 delegados de protección de datos que respondieron, resultados publicados el 3 de julio de 2026: 6 % de las organizaciones muy bien preparadas para el reglamento de IA, 27 % con buen conocimiento del texto del reglamento, 85 % sin formación propia sobre inteligencia artificial: cnil.fr
  4. Arrêté du 12 août 2026 portant approbation du référentiel d’exigences relatif aux prestataires de services d’informatique en nuage, artículo 2 sobre la prueba mediante una cualificación de la ANSSI o una certificación de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo reconocida por ella como equivalente; lo que así se aprueba es el catálogo de requisitos SecNumCloud en la versión 3.2, al que remite la nota 9: legifrance.gouv.fr
  5. Insee, Insee Première número 2120, «Les technologies de l’information et de la communication dans les entreprises en 2025», publicado el 21 de julio de 2026, unas 11.000 empresas encuestadas de una población de unas 194.000 empresas de diez o más empleados. El apartado metodológico precisa que las respuestas por lo general no incluyen el uso puntual e individual por parte de los empleados: insee.fr
  6. Ifop para Julhiet Sterwen, Baromètre Phygital Workplace 2026, 1.003 empleados encuestados en empresas francesas de 1.000 o más trabajadores, presentado en abril de 2026. Encuesta encargada por una consultora; los valores utilizados aquí, según la cobertura de la prensa especializada: themedialeader.com
  7. Décret n° 2026-272 du 14 avril 2026 relatif à la protection des données d’une sensibilité particulière des administrations, opérateurs et groupements d’intérêt public de l’Etat traitées par un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé, dictado en desarrollo del artículo 31 de la Loi SREN de 21 de mayo de 2024; el artículo 1 del decreto nombra a los seis groupements d’intérêt public y el artículo 2, los diez ámbitos de requisitos: legifrance.gouv.fr. La enumeración de las categorías de datos, es decir, orden público, seguridad pública, salud o vida de las personas y protección de la propiedad intelectual, está en el artículo 31 de la propia Loi SREN: legifrance.gouv.fr
  8. CNIL, balance de sanciones y medidas correctoras del año 2025, publicado el 9 de febrero de 2026: 83 sanciones, de ellas 78 multas, por un importe total de 486.839.500 euros: cnil.fr
  9. ANSSI, «Prestataires de services d’informatique en nuage (SecNumCloud), référentiel d’exigences», versión 3.2, requisito 19.6 letra a sobre la protección frente al derecho extraeuropeo: «Le siège statutaire, administration centrale et principal établissement du prestataire doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union Européenne.»; la letra c del mismo requisito se refiere al recurso a una sociedad tercera establecida fuera de la Unión y exige que esta no tenga ninguna posibilidad técnica de acceder a los datos tratados en el servicio, datos técnicos incluidos: cyber.gouv.fr
  10. Circulaire n° 6519/SG du 5 février 2026 relative à la commande publique numérique, con la soberanía digital como segundo objetivo prioritario tras la prestación funcional y con la independencia frente al derecho extraeuropeo de alcance extraterritorial como uno de sus componentes: legifrance.gouv.fr
  11. Thales, comunicado sobre la cualificación SecNumCloud 3.2 para la oferta PREMI3NS de S3NS, la empresa conjunta de Thales y Google Cloud, concedida el 17 de diciembre de 2025: thalesgroup.com